OMAHA, NE — Durante una década, Jorge Calderón Rivera construyó una vida en las calles de Omaha basada en el trabajo, la fe y el amor incondicional a su familia. Sin embargo, desde mediados de enero, esa vida se ha detenido abruptamente. Hoy, Calderón Rivera se encuentra tras las rejas en el centro de detención de McCook, Nebraska, no por haber cometido un crimen, sino por ser el centro de una batalla legal que cuestiona las políticas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Representado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nebraska y el Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados (CIRA), Calderón ha presentado una demanda federal contra funcionarios estatales y federales. Su objetivo es simple pero fundamental: recuperar su libertad o, al menos, tener el derecho constitucional a una audiencia de fianza.
Una vida de servicio y fe puesta a prueba
Calderón no es un desconocido para su comunidad. Es padre de tres menores, uno de los cuales requiere cuidados constantes debido a una discapacidad del desarrollo. En El Salvador, su país de origen, Jorge arriesgó su vida colaborando con las autoridades para frenar la violencia de las pandillas. En Omaha, cambió el peligro por el servicio comunitario, siendo un miembro activo de las parroquias de San Pedro y San José.
“He extrañado estar con mi esposa e hijos, especialmente con mi hija, que tiene necesidades especiales”, expresó Calderón a través de un intérprete. “En mi tiempo en los EE. UU., me he dedicado a ser un buen esposo, mantener a mis hijos y llevar a mi hija a todos sus tratamientos médicos”.
Su detención ocurrió de manera inesperada durante una parada de tráfico en enero, realizada por agentes de ICE en un vehículo sin logotipos oficiales. A pesar de no tener antecedentes penales, Calderón permanece atrapado en un sistema que hoy le niega la oportunidad de defender su permanencia en libertad.
El vacío legal: ¿Seguridad o burocracia?
La demanda argumenta que las autoridades migratorias están deteniendo ilegalmente a Calderón basándose en un cambio de política de ICE. Esta directriz afirma que la mayoría de los inmigrantes detenidos —incluso aquellos interceptados dentro del país— no son elegibles para audiencias de fianza. Esto ocurre a pesar de que un juez federal ya declaró dicha práctica como ilegal en una demanda colectiva previa.
Ariel Magaña Linares, abogada senior de CIRA, destaca la ironía del caso: “A los acusados de delitos penales se les da la oportunidad de demostrar que no representan un riesgo. Por el contrario, al Sr. Calderón, un hombre que nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, se le mantiene alejado de su familia”.
Un llamado al debido proceso
Para Jamel J.W. Connor, abogado de la ACLU de Nebraska, el caso de Calderón expone una brecha entre la retórica del gobierno y la realidad. “Los funcionarios afirman centrarse en amenazas a la seguridad pública, pero aquí tenemos a un padre sin historial criminal que incluso arriesgó su seguridad luchando contra las pandillas en El Salvador”, señaló.
Mientras el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito analiza argumentos similares en otros casos, la comunidad de Omaha espera. Para Calderón, no se trata de política, sino de volver a casa para llevar a su hija al médico y retomar su lugar en los bancos de la iglesia el próximo domingo.
Con información de ACLU
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